A dos días de que Estados Unidos vote en las elecciones de medio término, la senadora Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) y el senador John Curtis (republicano por Utah) enviaron una carta conjunta a los directores ejecutivos de Kalshi y Polymarket —Tarek Mansour y Shayne Coplan, respectivamente— para exigirles que detallen cómo impiden el uso de información privilegiada, la manipulación del mercado y las apuestas basadas en información material no pública en los contratos vinculados a los comicios del 3 de noviembre.
La carta, fechada el 28 de octubre y difundida dos días después por el Comité Bancario del Senado, fija el mismo día de las elecciones como plazo para que ambas plataformas respondan a siete preguntas concretas. Es la señal más clara hasta la fecha de que Washington ha dejado de mirar los mercados de predicción como un experimento y empieza a tratarlos como infraestructura financiera que debe rendir cuentas.
La cuestión de fondo no es técnica. Es institucional: dos empresas que se presentan como pioneras de la transparencia de mercado ahora tienen que explicar, por escrito y ante un comité del Senado, cuántos casos de abuso detectaron antes de que una operación se ejecutara y cuántos solo después.
Las siete preguntas que deben responder antes del martes
La carta pide que Kalshi y Polymarket expliquen qué medidas toman para impedir que candidatos, personal de campaña, funcionarios electorales, encuestadores y cualquier otra persona con información material no pública operen en sus contratos electorales. También pregunta cómo evitan que esas restricciones se eludan mediante terceros o cuentas afiliadas.
El documento exige, además, una contabilidad precisa: cuántos casos de presunto uso de información privilegiada, mal uso de información no pública o manipulación en contratos electorales ha identificado cada empresa desde el 1 de enero, cuántos fueron bloqueados antes de que la operación se completara y cuántos fueron remitidos a la CFTC o a las autoridades.
«Estamos particularmente preocupados por los contratos de eventos relacionados con elecciones», escriben los senadores. Añaden que estos contratos reciben una cobertura mediática destacada, que algunos observadores los tratan como indicadores del impulso político y que pueden moldear la percepción que los votantes tienen de una contienda.
La carta cierra con un escepticismo explícito sobre la capacidad de autorregulación de las plataformas. «Seguimos siendo escépticos de que sus empresas puedan vigilar suficientemente estos contratos de eventos con un escrutinio efectivo y una rendición de cuentas significativa», concluyen Warren y Curtis. También preguntan si los sistemas de vigilancia de ambas empresas han sido evaluados por terceros independientes y qué salvaguardas añadirán antes de la votación.
Los casos que los senadores citan como prueba
La carta no se apoya en hipótesis. Enumera casos concretos y fechados. El más citado es el de un candidato que en 2025 apostó en Kalshi sobre su propia candidatura, una conducta que la CFTC describió en un aviso de febrero de 2026 y que salió a la luz a través de vídeos en redes sociales antes de que la plataforma lo sancionara.
En aquel caso, Kalshi impuso una sanción total de 2.246,36 dólares —246,36 dólares de devolución de beneficios más una multa de 2.000 dólares— y suspendió al operador durante cinco años. En abril de 2026, la propia empresa reveló tres casos adicionales de candidatos que habían operado en sus propias contiendas.
«Estos ejemplos plantean cuestiones críticas sobre cuántas transacciones relacionadas con elecciones han escapado a la detección», escriben los senadores. «También hay casos documentados de candidatos que apuestan en sus propias carreras, lo que socava la integridad general del proceso electoral estadounidense».
Sobre Polymarket, la carta cita un informe de Fortune de 2024 según el cual dos firmas de análisis de blockchain hallaron patrones compatibles con operaciones de lavado —wash trading— en el mercado presidencial de ese año, con una estimación de que cerca de un tercio del volumen de dicho mercado pudo verse afectado. También menciona una investigación de WIRED de octubre sobre más de 600 millones de dólares en volumen en contratos electorales de Etiopía y Rumanía, con transacciones repetitivas que, según los investigadores, sugerían volumen artificial.
Aquí está la brecha que la carta quiere exponer: la sanción de 2.246,36 dólares del caso de 2025 equivale a una fracción casi invisible de la escala que Kalshi ha alcanzado —la compañía recaudó 1.000 millones de dólares en una ronda que la valoró en 40.000 millones de dólares y procesa un volumen anualizado de unos 140.000 millones de dólares—. La multa representa aproximadamente 0,0000056% de esa valoración, una desproporción que, para los senadores, demuestra que el coste de la mala conducta detectada es demasiado bajo para disuadir la que nunca se descubre.
La defensa de las plataformas
Ambas empresas respondieron el jueves con versiones que insisten en la eficacia de sus controles. Robert DeNault, jefe de cumplimiento de Kalshi, declaró a The Hill que la empresa «prohíbe el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado y bloquea proactivamente a candidatos y personal de campaña para proteger la integridad del mercado». Kalshi afirmó además que utiliza datos de nómina de la Comisión Federal Electoral para bloquear a candidatos y colaboradores.
DeNault añadió una frase que captura la postura de la industria: «Sabemos que el Congreso estudia una ley que convertiría en delito que el personal de campaña opere en sus propias contiendas, pero no vamos a esperar a nuevas leyes». Polymarket, por su parte, respondió a través de un portavoz que colabora «regularmente con el Departamento de Justicia y la CFTC» remitiendo a operadores sospechosos, y que su tecnología Polygraph ayuda a su equipo de inteligencia a detectar operaciones que requieren revisión.
La contracrítica tiene mérito. Los mercados de predicción agregan información que las encuestas no capturan, y ninguna de las dos empresas niega los casos citados: los admite y los presenta como prueba de que su vigilancia funciona. El problema, que la carta señala con precisión, es que los casos detectados no dicen nada sobre los que no se detectaron.
Un régimen regulatorio que se está cerrando
La carta de Warren y Curtis no ocurre en el vacío. Llega semanas después de que la CFTC avanzara en integrar los contratos de eventos en las normas sobre swaps, un movimiento que sometería a estas plataformas a reglas de mercado más estrictas. Y llega el mismo día en que la fiscalía general de Utah, el estado natal de Curtis, presentó cargos penales contra Kalshi y sus cofundadores por presuntas apuestas deportivas ilegales: trece cargos graves y un delito menor.
Warren, que presidirá el Comité Bancario si los demócratas conservan el Senado, copresentó en marzo la ley STOP Corrupt Bets. Curtis, por su parte, respalda un proyecto bipartidista que prohibiría a las plataformas registradas ante la CFTC ofrecer contratos deportivos. La carta convierte esa presión legislativa dispersa en un frente único y bipartidista.
El contexto institucional importa porque cambia el cálculo de riesgo de ambas empresas. Polymarket ya enfrenta una demanda de Nueva York por operar un negocio de apuestas sin licencia, reconstruye su infraestructura con el Protocolo V2 y detuvo su actividad de trading en octubre tras una filtración de un proveedor externo. Añadir a eso un expediente del Senado con plazo de respuesta fijado para el día de la elección eleva la probabilidad de que la cuestión sobreviva al ciclo electoral, independientemente del resultado.
Lo que no prueba la carta —y lo que decidirá la semana
Conviene ser preciso sobre lo que el documento establece y lo que no. La carta no acusa formalmente a Kalshi ni a Polymarket de haber cometido uso de información privilegiada. Plantea preguntas, cita casos y expresa escepticismo, pero no constituye una resolución regulatoria ni un hallazgo judicial de ilegalidad. El uso de información privilegiada en estos mercados es, además, un terreno legal en construcción: la CFTC ha descrito como potencial violación de la Ley de Intercambio de Mercancías el caso del candidato de 2025, pero el alcance de esa doctrina sigue sin resolverse del todo.
Tampoco está claro que una mayor supervisión vaya a reducir el volumen de estos mercados. La demanda de los operadores por cubrirse ante la incertidumbre electoral no desaparece con una carta del Senado; se desplaza, o se traslada a plataformas menos vigiladas. La pregunta que la carta plantea no es si los mercados de predicción existen, sino si pueden seguir operando como se autorregulan.
La próxima señal observable llega el martes 3 de noviembre: si Kalshi y Polymarket entregan respuestas por escrito, cuántos casos declaran haber bloqueado antes de la operación y si los senadores publican las respuestas. Una segunda señal es la que dará la CFTC en las próximas semanas sobre si convierte su integración de los contratos de eventos en reglas finales. Hasta entonces, la brecha entre la promesa de transparencia y lo que las plataformas pueden demostrar seguirá siendo el punto más débil de su argumento ante Washington.
