El Tribunal Superior de Londres ha dictaminado que será el derecho chino, y no el inglés, el que decida si miles de víctimas del fraude ostentan derechos de propiedad sobre más de 61,000 Bitcoin incautados por la Policía Metropolitana, un botín valorado en unos $5 mil millones a los precios actuales. La sentencia, dictada por el juez Mark Turner el 12 de octubre, resuelve únicamente la cuestión del derecho aplicable, no quién se queda finalmente con las monedas.
La sentencia surge de un procedimiento de recuperación civil iniciado por la Fiscalía contra Zhimin Qian, quien se declaró culpable de blanqueo de capitales y fue condenado a 11 años y ocho meses en noviembre de 2025. Qian dirigió esquemas Ponzi entre 2014 y 2017 a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology y una segunda entidad supuesta, recaudando aproximadamente 40.2 mil millones de RMB (unos 4.1 mil millones de libras) mediante al menos 128,409 contratos de inversión antes de convertir parte de las ganancias en Bitcoin y mudarse a Londres.
Qué decide la sentencia y qué no decide
Miles de víctimas han solicitado acogerse al artículo 281 de la Ley de Productos del Delito de 2002, que permite a una persona pedir al tribunal que declare que los bienes incautados le pertenecen. Turner concluyó que el fraude, los pagos y los contratos tuvieron lugar en China, y que el propio Bitcoin se compró allí a través del exchange Huobi y de operaciones extrabursátiles. «El daño relevante se produjo en China. Los solicitantes se desprendieron de su dinero en China», escribió, y concluyó que «el derecho aplicable es el derecho chino».
La decisión es una resolución preliminar, no una decisión sobre el fondo. El juez dejó abierto el contenido del derecho chino, cómo debe probarse y cómo se aplica a cada reclamación individual. Las víctimas deberán ahora demostrar que el derecho chino reconoce los derechos de propiedad que alegan, y que esos derechos recaen sobre las monedas concretas incautadas en Inglaterra.
Por qué importa el derecho aplicable para las víctimas
Lo que está en juego depende de lo que cada ordenamiento jurídico otorgaría a los reclamantes. Según el derecho inglés, las víctimas sostuvieron que podían rastrear su dinero hasta el Bitcoin y reclamar las propias monedas, capturando su revalorización — la diferencia entre los aproximadamente 4.1 mil millones de libras perdidos en concepto de principal y los aproximadamente $5 mil millones que las monedas valen hoy. Según el derecho chino, se espera que las reclamaciones se limiten al principal original y a los intereses devengados, lo que dejaría a las autoridades del Reino Unido conservando gran parte de la revalorización. Bitcoin ha cotizado cerca de los $83,000 esta semana, lo que eleva el valor de las monedas incautadas a unos $5 mil millones.
Qué ocurrirá a continuación
El caso seguirá en el Tribunal Superior, donde la siguiente fase contempla pruebas periciales sobre el derecho chino y la reclamación individual de cada solicitante. El despacho de abogados Fieldfisher, que representa a los reclamantes, ha indicado que recurrirá la resolución sobre el derecho aplicable. La disputa se inscribe además en un patrón más amplio de tribunales y autoridades que recuperan activos digitales de esquemas de fraude, incluida la sentencia en rebeldía de $31 millones de la CFTC contra Fundsz en un fraude de activos digitales este mes. Incluso si la resolución se mantiene, el tribunal no ha decidido que las víctimas no recuperen nada — ha reducido la vía legal de la que disponen, y la cuestión de la propiedad sigue abierta.
