Un tribunal federal de Nueva York rechazó el 15 de octubre la petición conjunta de Gemini Trust Company y de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de anular el acuerdo de enero de 2025 que impuso al exchange de los hermanos Winklevoss una multa de 5 millones de dólares y una orden judicial permanente. En su orden y opinión, el juez Alvin K. Hellerstein concluyó que ninguno de los argumentos de las partes justificaba reabrir el caso.
Lo extraordinario del asunto es quién pidió la anulación: no solo Gemini, la empresa sancionada, sino el propio regulador. En mayo de 2026, tras una revisión interna, la CFTC concluyó que su demanda de 2022 no debería haberse presentado y se sumó a Gemini para pedir que se levantara la orden. El juez, sin embargo, mantuvo el acuerdo en pie: la multa ya pagada no se devuelve y la prohibición permanente sigue vigente.
Qué admitió la CFTC sobre su propio caso
En su comunicado del 27 de mayo de 2026, la CFTC detalló los hallazgos de su revisión. Reconoció que la demanda se basó en gran medida en el relato de un denunciante del que se sabía que carecía de credibilidad y que la investigación persiguió a Gemini, descrita por la propia agencia como víctima de un fraude, en lugar de a los presuntos estafadores. También admitió que se retuvo a un comisionado apoyo probatorio mientras se votaba la demanda y que su personal invocó el privilegio del proceso deliberativo para impedir que Gemini accediera a pruebas necesarias para su defensa.
El origen del caso se remonta a 2017, cuando la CFTC revisaba un contrato de futuros de bitcoin que se liquidaría contra el precio de subasta del propio Gemini. El acuerdo de 2025 determinó que el exchange hizo declaraciones falsas o engañosas sobre cuatro asuntos: la financiación previa de las órdenes, la prohibición del autotrading, el programa de reembolsos a los creadores de mercado y el volumen declarado de la subasta.
Por qué el juez rechazó la petición
El juez Hellerstein aplicó el estándar de la Regla 60(b), que exige un cambio significativo de circunstancias para modificar una sentencia. Para el tribunal, los hechos en los que se apoyaban las partes no eran posteriores al acuerdo, sino anteriores: el conocimiento recién adquirido de hechos que existían cuando se dictó la orden de consentimiento no constituye un cambio significativo de circunstancias fácticas.
También rechazó el argumento de Gemini de que aceptó el acuerdo bajo presión. Recordó que la empresa litigó durante aproximadamente tres años y tomó la decisión calculada de llegar a un acuerdo poco antes del juicio. El juez señaló además que, según la propia Gemini, la empresa sabía desde agosto de 2017 que era víctima de un sofisticado esquema de fraude facilitado por su propio director de operaciones y un subordinado, pero sus más altos directivos hicieron de todos modos declaraciones engañosas.
Autocrítica regulatoria frente a la firmeza de los acuerdos
El choque es entre dos principios. La CFTC argumenta que mantener una orden basada en un caso que ahora considera mal planteado no sirve a su misión ni al interés público. El tribunal, en cambio, sostiene que un acuerdo firmado voluntariamente y aprobado por la corte no puede deshacerse porque una de las partes cambie de opinión o de administración.
La decisión no cierra la pregunta de fondo: hasta dónde puede llegar un regulador para deshacer su historial de cumplimiento cuando cambian sus prioridades. Sí deja una señal para los casos de cripto resueltos bajo la administración anterior: la autocrítica interna de una agencia no basta por sí sola para borrar una sentencia. La misma CFTC que busca anular este acuerdo sigue obteniendo sentencias contra fraudes de activos digitales, y al mismo tiempo redefine su enfoque regulatorio sobre los mercados emergentes. El siguiente punto observable es si Gemini o la CFTC apelan la decisión, y si otros acuerdos similares intentan el mismo camino ante otros jueces.
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